Los representantes de la firma aseguran que las autoridades del gobierno electo les han asegurado que están de acuerdo con el emprendimiento. Las obras comenzarían en marzo de 2005 y el puerto estaría operativo a partir de octubre de 2006, y en funcionamiento total en el primer semestre de 2008.

Pero el gerente general de la empresa, Luis Seoane, dijo a Índice 810 que la Intendencia de Montevideo genera inseguridad jurídica al interponer trabas en el proceso.

Comentó que la Intendencia comenzó el año pasado a exigir determinada documentación que la empresa ya había presentado y había sido avalada por los organismos competentes.

Seone atribuyó la actitud de la Intendencia a la falta de comunicación que existe entre las diferentes direcciones de la comuna. "Creo que es falta de comunicación entre las diversas divisiones de la Intendencia de Montevideo, que no han evaluado correctamente el proyecto y las habilitaciones que el proyecto ha obtenido en los últimos tres años", dijo.

Agregó que presentaron el permiso de demolición por triplicado, tal como se había acordado. "Se presentó en la Oficina de Planeamiento de Ordenamiento Territorial, en la Oficina de Edificaciones del quinto piso de la Intendencia y en el Centro Comunal 17. (...) El 31 de diciembre, la Intendencia, sin resolución, sin comunicación a la empresa, solicita al juez una medida de no innovar, con informaciones erróneas sobre que se estaban haciendo nuevas obras; cuando en el predio desde los primeros días de diciembre cesó toda obra", aseguró.

Seoane dijo que la suspensión del trabajo llevaría a los inversores a contestar las acciones judiciales que interpuso la comuna. "Y realizar nosotros mismos acciones judiciales a los efectos de resarcir a los inversores", dijo.

Sin embargo, desde la comuna el futuro intendente Adolfo Pérez Piera dijo que lo único que hace el municipio es aplicar la normativa vigente. Advirtió que forma parte de un juego de presión que no están dispuestos a atender. "La habilitación del puerto es de resorte nacional. (...) La Intendencia interviene en dos aspectos: uno es controlar qué tipo de construcciones se van a realizar, para lo cual hemos pedido que se nos presenten los permisos de construcción para ser analizados. (Esto) todavía no se ha hecho; a pesar de lo cual han iniciado algunas obras que han motivado que la Intendencia intimara (...) por vía judicial", dijo Adolfo Pérez Piera, quien asume hoy como intendente.

Dijo que pidieron el estudio de impacto ambiental para determinar eventuales problemas que pueden derivar de la instalación del puerto en una zona muy especial. Si bien la empresa presentó un estudio, la comuna exigió una ampliación. "La empresa tiene que tomar en cuenta que un emprendimiento de esa envergadura, con lo que significa como impacto desde el punto de vista urbanístico en el área no es un emprendimiento que pueda hacerse sin controles municipales", agregó.

Por su parte, la concejal del zonal 17, Beathes Caufer dijo a Índice 810 que espera que el gobierno atienda los reclamos de los vecinos. Sostuvo que desde hace años están luchando contra el proyecto por los impactos sociales y ambientales que genera. Acusó a la Intendencia de retrasarse en exigir la adecuación al plan de Ordenamiento Territorial. "Este emprendimiento se realizaría en una zona rural protegida. Ahí hay una contradicción. (...) Esto se podría haber frenado hace dos o tres años ya", lamentó.